Colony Park volvió a sufrir un traspié esta semana al conocerse que el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) denegó la apelación que la empresa había presentado al ser rechazado su informe de impacto ambiental luego de la Audiencia Pública convocada en agosto.
En el marco de la ley de medio ambiente nº11.723, el organismo provincial había denegado meses atrás el informe de impacto ambiental sobre el proyecto llevado a cabo desde 2008 en el arroyo anguila. Recordemos que Colony Park había amenazado a familias isleñas, quemado y derribado sus casas, cambiado el curso del histórico arroyo, transformado por medio de terraplenes todo el funcionamiento del humedal en la parte más frágil del delta. Es decir, un crimen socio ambiental que no conoce antecedentes en la historia del lugar.
En la Audiencia Pública , más de 100 oradores entre ellos vecinos isleños, junqueros de la cooperativa Isla Esperanza que resistió los desalojos de la empresa, especialistas de todo tipo, denunciaron unánimemente la atrocidad de lo cometido por Adrián Schwartz, titular de la empresa, y sus secuaces los arquitectos Robirosa - Beccar Varela y la inmobiliaria Salaya Romero.
El OPDS ¡que convocó a Audiencia Pública 3 años después de comenzadas las obras! rechazó entonces el proyecto e intimó a la empresa a recomponer los daños, lo cual es una mera formalidad, ya que el daño es irreversible en la salud de los isleños y en la destrucción de la isla.
José Molina, titular del OPDS, en declaraciones a INFOBAN destacó ya demasiado tardíamente: “desde la Provincia rechazamos el recurso impuesto por la firma, ya que no permitiremos que se dañe el Delta, ya le habíamos denegado la declaración de impacto ambiental y los intimamos a que tomen las medidas necesarias para la recomposición del lugar impactado”.
Esta nueva denegatoria se da en el marco del pedido de la Fiscal Federal Rita Molina del juzgamiento penal de Schwartz y Grandoni, entre otros empresarios y funcionarios de Tigre.
Mientras tanto, los isleños de todo el delta, incluso de la segunda sección, convocados en la Red de Organizaciones Sociales Isleñas, junto con la Asamblea Delta y Río de la Plata siguen reclamando a los concejales de Tigre la reglamentación del Plan de Manejo del Delta, anunciado con bombos y platillos en abril pasado, pero que aún permanece cajoneado mientras los ediles planean ya sus vacaciones.
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