El Registro de Constructores Isleños que propone la municipalidad de
Tigre. La invasión de concepciones urbanas en el Delta. La isla vista como un
lugar que “vino fallado”, al que “le faltan cosas”.
Por J.B.V.
Si, esta es
una nota amarga, sepa el lector dispensarme. Es que no sé si me ando poniendo
viejo o la nostalgia me gana por lo blando. Hace algo de un mes y medio que nos
hallamos inmersos en lo que se ha dado en llamar un “Proceso participativo”
para que el paisano opine sobre las reformas a la normativa de construcción que
está haciendo la municipalidad de Tigre. Una de ellas, la que más me ha hecho
parar las orejas como carpintero y chúcaro que soy, es esto del “Registro de
Constructores Isleños”.
Según parece
va a haber que ir a anotarse allá en la ciudad para poder trabajar, aunque dice
el texto del proyecto que será de manera gratuita. Es que no sabemos bien para
qué va a servir el mentado listado. Hay que ir a demostrarles que uno sabe
trabajar, - a ellos que hicieron esa ordenanza alucinógena que tuvieron que
echar para atrás- y tener los “avales” –sea lo que sea eso- de algunos clientes
para ser aceptado. Y hasta pueden borrarlo a uno del papelito si es que no va
bien rumbeado.
El trabajo de
“constructor isleño” es irregular, intermitente, y no conozco a ninguno que
haya hecho plata seria realizando esta dura tarea en las islas. Se hace un trabajito, se mecha luego con mil
y una changas, hasta que se consigue otro.
Hasta hace
cosa de un año, se trabajaba, mal que mal, de manera aceptable. El carpintero o
albañil isleño hace las veces de arquitecto realizando planos, se ocupa de la
logística, el trato y la negociación con los clientes, la contratación de uno o
dos ayudantes, y trabaja todos los días en la obra con frío, marea, lluvia,
bajante o calor sofocante.
Desde hace un
año, cuando salió a la luz esa maldita Normativa que tanto ruido hizo en la
comunidad, -y adentro del palacio de Cazón- y que tanto sirvió en su momento
para que varios nos uniéramos y marcháramos a rechazarla para defender nuestra
tarea y el derecho a tener una identidad laboral, que el trabajo, al menos para
quien escribe, ha mermado de manera notable. La frase más pronunciada por
muchos clientes es: “Por ahora no voy a
hacer nada, vamos a esperar a ver qué pasa con eso de la normativa”. Si
querían ayudarnos esos de la municipalidad, les rogamos que dejen de hacerlo, y
se ocupen de sus propios asuntos que de los nuestros nos ocupamos solos.
Y todo me
lleva al resto de la cosa: Luces en la costa, “materialización del camino de
sirga” para que los turistas no se embarren las patas, “conectividad” (no
sabemos qué es eso), cálculos aterradores que proyectan más de 300 mil personas
en el Delta, pedido de cámaras, patrullajes, C.H.O.T., recolección de basura, y
demás berretines que son propios del hombre urbano, que nada tienen que ver con
la vida que al menos yo vine a buscar a estos pagos de agua.
Dicen los
políticos y burócratas que han hecho mucho por la isla pero –temblamos- “que
falta mucho”. También defienden como algo histórico y “fundacional” esto del
Plan de Manejo. No me gusta la idea corriente en algunos de que el Delta es un
lugar al "que le faltan cosas", de que es un lugar que tal como es
"está incompleto", que "vino fallado", por lo que hay que
intervenir permanentemente para arreglar problemas que nadie tiene, de que hay
que "hacer cosas" como es el caso de la intención incomprensible de
querer normatizar la construcción en la isla, por ejemplo. ¿Cuál era el
problema tan grave, que hubo que salir a hacer ese adefesio llamado Normativa
de Construcción? ¿Y cuál sigue siendo el drama, que una vez reconocido el
error, se vuelve a la carga? En mi pobre opinión, el Plan de Manejo debía
constar de un solo renglón: "Están prohibidas las urbanizaciones privadas
en todo el territorio del delta". Punto final del “Master Plan” –como le
gustaba decir a Sergio-. Para el resto de las cosas, ya existe legislación
nacional y provincial, como lo demostró el fallo contra Colony Park. La extensa
sentencia dice así sobre las leyes existentes: “En el orden nacional, es la Ley 25.675 (conocida como “ley General de
Medio Ambiente”, la que en sus artículos 11 y 12 dispone para toda actividad
que sea susceptible de degradar el ambiente, su sujeción a un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución, imponiendo su estudio a
las autoridades competentes, las que deberán manifestarse aprobando o rechazando
el estudio, emitiendo para ello una “Declaración de Impacto Ambiental”.- Se ha
dicho sobre el “Estudio de Impacto Ambiental”, que éste constituye una
“…obligación ambiental básica de estudiar y difundir los efectos directos e
indirectos, individuales y colectivos, mediatos e inmediatos, presentes y
futuros de toda actividad susceptible de perjudicar al ambiente…” Es por ello que la ley provincial citada
–Nro. 11.723- impone la obligatoriedad de contar con un estudio de impacto
ambiental previo a todo emprendimiento que implique acciones u obras que sean
susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y su aprobación
traducida en una “Declaración de Impacto Ambiental” (Arts. 5 y 10 Ley. 11723).”
Pero sigo con
otra cosa para no aburrir. Si, llegué aquí detrás de una vida sencilla, libre,
fuera del sistema, sin cuentas bancarias, tarjetas de crédito ni oficinas, sana,
sin contaminaciones ciudadanas, en un entorno natural, silencioso, aislado, deseando
el anonimato, sin estar registrado en ninguna parte. ¿Es un pecado? Lo confieso
sin pudor.
Ahora vienen a
decirnos cómo tenemos que trabajar y a tomarnos examen. ¿Para qué va a servir
ese registro? ¿Para recomendarnos? ¿Puede la municipalidad recomendar a gente
que realiza las tareas de la manera informal en la que lo hacemos nosotros? ¿Se
viene un “blanqueo” para poder trabajar? Y si usted no es amigo de ellos, ¿a
qué lugar del listado lo mandan? –Y aquí no quiero pensar qué es lo que habría
que hacer para figurar bien ubicado en esa lista y ser recomendado-.
En fin,
suspicacias aparte, me duele muchísimo y lloro para adentro al estar asistiendo
a la destrucción total, a los últimos gritos agónicos de esa vida libre, montaraz,
anónima y sin contaminaciones modernas y posmodernas. Pienso que en la isla no
hay que hacer nada más que lo que sus habitantes quieran hacer, y desde las
autoridades (que deberían de una vez por todas ser isleñas, no citadinas) abrir
todas las puertas que sean necesarias para el fomento de la economía de los
isleños, desde un punto de vista isleño, no desde el de los inversores. Pero
bueno, yo no entiendo nada de "progreso", y como diría don Ramón
Mihura, estoy emperrado en ser un bárbaro.
Se
ha afianzado de parte de las autoridades –y de muchos isleños también, con
perdón- la zoncera madre de la que hablaba Jauretche: esa sarmientina de
“Civilización y Barbarie”. ¿Qué es esto? Así lo explicaba don Arturo: “La incomprensión de lo nuestro preexistente
como hecho cultural o mejor dicho, el entenderlo como hecho anticultural, llevó
al inevitable dilema: Todo hecho propio, por serlo, era bárbaro, y todo hecho
ajeno, importado, por serlo, era civilizado. Civilizar, pues, consistió en
desnacionalizar.” Siguiendo el hilo de Jauretche, civilizarnos equivale a
“desisleñizarnos”.
Y
ya que estamos hilando palabras, todo esto del “Registro de Constructores
Isleños”, me llevó inevitablemente, no sé por qué, a recordar aquella
tristemente célebre “Papeleta de Conchabo” con la que se perseguía al hombre de
la tierra. ¿Se acuerda? Esta es la definición que dice la internet sobre este
asunto, y usted dirá si tiene o no algo que ver: “La papeleta de conchabo fue un documento de uso obligatorio para todos
los no propietarios en edad de trabajar en las zonas rurales de la Argentina a
lo largo de casi todo el siglo XIX. Era otorgada por los propietarios de
estancias, y acreditaba que el peón que la portaba estaba empleado a sus
órdenes. Las autoridades civiles, militares o policiales estaban autorizadas a
exigir su presentación, y en caso contrario a detener y castigar al infractor
como vago. La condena prevista por vagancia era el servicio de las armas en los
ejércitos de línea durante varios años; en caso de que el infractor no gozara
de las condiciones de salud requeridas para el servicio militar, era condenado
a la realización de servicios públicos sin sueldo por el doble de los años
previstos. Los destinatarios de esa medida eran los gauchos, habitantes de las
zonas rurales argentinas, a los que se pretendía de esta manera forzar a
someterse a relaciones de trabajo asalariadas. El objetivo ulterior era
abaratar la mano de obra en las tareas rurales –esencialmente ganaderas– y
evitar el merodeo de los gauchos por las estancias, con el consiguiente robo de
ganado.”
Veo
que Andamos como Santos Vega en su memorable payada contra el enviado de
Mandinga "Juan sin Ropa". Peleando a poncho y cuchillo una causa
perdida, derrotados, nos vamos mascullando y enfundando la guitarra lo oímos
cantar: "A la luz del progreso nadie
podrá echarle un manto". Fue la historia del gaucho, del indio, y
quien sabe, como decía don Roberto Arlt, la de todo "puñado de hombres libres que no quieren que les fatiguen su
dignidad".
