El Secretario General, a cargo
del Defensor del Pueblo de la Nación, CPN Carlos Haquim, exhortó a las
autoridades de la Nación y de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y
Santa Fe a implementar un mecanismo de acción interjurisdiccional para mejorar la
gestión ambiental del Delta del Paraná, que constituye el humedal más
importante de nuestro país.
Además se solicitó que se establezca una moratoria en la aprobación de nuevos emprendimientos o cambios de uso del suelo que pudieran modificar la dinámica hídrica hasta tanto esté en funcionamiento el plan operativo de gestión antes mencionado.
El pedido fue dirigido a la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y los mandatarios provinciales
para que coordinen -en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación,
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Consejo
Hídrico Federal y el Consejo Federal de Medio Ambiente- la implementación de un
mecanismo de acción interjurisdiccional, en el marco de la Ley Nº 25.688,
dotado de las facultades necesarias para emitir opiniones vinculantes cuando
exista un posible impacto originado por actividades antrópicas significativas
(ejemplo: obras públicas o privadas que impliquen cambios de uso del suelo,
introducción de especies exóticas, modificación del régimen hídrico y en
general todo lo previsto en la ley de Aguas).
Esto implica que esa autoridad
tenga la capacidad y la obligación de evaluar si existen impactos
interjurisdiccionales y, en caso de que así sea, exigir medidas de mitigación
(o de recomposición, si el impacto ya se hubiera producido).
A su vez, se pidió que se
elabore, con carácter de urgente y con amplia participación social, un plan
operativo de gestión que contenga objetivos, acciones, plazos, responsables y
presupuesto asignado y se promueva la adopción de una norma de Ordenamiento
Ambiental del Territorio a escala regional que considere la dinámica hídrica
del humedal y garantice la transparencia hidráulica, y atienda los impactos que
causan los terraplenes actuales.
También se exhortó a que se
complete el relevamiento de los terraplenes y endicamientos existentes en el
territorio del Delta, evaluando su impacto ambiental tanto individual como
acumulativo e integral, y en caso de constatar la clandestinidad de las obras o
determinar que las mismas causan un desequilibrio ecológico, se dispongan las
medidas de mitigación o recomposición ambiental que resulten necesarias.
Finalmente, se solicitó que se
establezca una moratoria en la aprobación de nuevos emprendimientos o cambios
de uso del suelo que pudieran modificar la dinámica hídrica hasta tanto esté en
funcionamiento el plan operativo de gestión antes mencionado.
Fuente: Defensoría del Pueblo de la Nación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario